Madrid, 8 may 2007(EFECOM).-
El sindicato UGT denunció hoy al Estado español ante la Comisión de las Comunidades Europeas al entender que incumple el derecho comunitario por permitir a la banca mantener internos los compromisos de pensiones de sus empleados y no obligarles a exteriorizar estos fondos de pensiones.
La Ley española de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones obliga al conjunto de empresas a exteriorizar estos derechos de los empleados, pero hace una excepción con las entidades financieras, a las que permite elegir entre seguir gestionándolos de manera interna o transferirlos a otra entidad para que los administre.
Según explicó a EFE el representante del sindicato que presentó hoy la denuncia, Juan María Martínez, tanto en la Ley como en su Reglamento se exceptúa de la normativa de externalizar de los balances de las empresas tanto a las entidades de crédito (bancos y cajas de ahorro), como a las entidades aseguradoras y sociedades y agencias de valores.
El sindicato argumenta en la denuncia que esta situación incumple el Tratado de Amsterdam en cuanto al articulado sobre la libre circulación de trabajadores y en lo referido al incumplimiento por los tribunales españoles de las cuestiones prejudiciales previstas -consultar a la justicia europea- "como no hizo el Tribunal Supremo", agregó Martínez.
UGT espera que se abra un procedimiento de infracción contra el Estado y se modifique la Ley, o bien se remita la denuncia al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, al tiempo que recuerda que la sentencia afectará a unas 160.000 personas.
De éstas, 20.000 son trabajadores en activo del Banco Santander y otros 40.000 trabajadores pasivos del grupo financiero, mientras que el resto son empleados activos y pasivos de otros bancos, cajas de ahorros, sociedades de valores y agencias de seguros.
En mayo del pasado año, el Tribunal Supremo rechazó la petición de UGT y la Asociación para la Defensa de los Derechos Civiles de anular varios preceptos de la Ley que permiten a la banca mantener internos los compromisos de pensiones de sus empleados.
En su sentencia, el Tribunal Supremo afirmaba que no cabe la posibilidad de admitir la pretensión de anular esta normativa, pero dejaba la puerta abierta a que se reclame que no se aplique en el caso de una entidad concreta. EFECOM
ads/jj
Fuente: El Economista
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario