la aplastante lógica del sistema de pensiones

artículo de María Pazos Morán, del Instituto de Estudios Fiscales

Según los planes del Gobierno respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 2008, las pensiones mínimas subirán por encima de la inflación y de las pensiones medias, para asegurar una vida digna a nuestros mayores que sufren más estrecheces. Sin embargo, parece que el umbral de vida digna no es único: los mínimos de las pensiones contributivas (PC) subirán entre un 6,5% y un 5%, mientras que las pensiones no contributivas (PNC) subirán un 3%. Y el año pasado sucedió exactamente lo mismo. A primera vista cuesta imaginar por qué ha de acrecentarse la distancia, respecto a las demás personas mayores, de las 269.546 personas beneficiarias de PNC de jubilación que viven actualmente con un máximo de 312,43 euros mensuales, cantidad incompatible con todo tipo de rentas.

Difícil es pensar en un argumento de restricción presupuestaria, ya que aplicar una subida de un 6,5% a todas las PNC solamente supondría un importe adicional de 5 millones de euros. Resulta también llamativa la aquiescencia de los sindicatos y el silencio de la oposición.

¿Qué tienen estas personas para que sus necesidades resulten tan invisibles? Muy sencillo: que no han llegado a los 15 años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva. En el acuerdo conocido como Pacto de Toledo se conviene en potenciar el principio de contributividad, para lo cual se establece explícitamente que las cuantías mínimas de las PC deben ser superiores a las PNC. También se prevé el aumento progresivo del periodo de cotización necesario para acceder a las contributivas; y unas reglas de cálculo de los importes que penalizan cada vez más a las carreras profesionales incompletas. Se intenta, pues, incentivar la continuidad de cotizaciones durante toda la vida hasta la edad de jubilación. En este sentido, conceder los mismos derechos a las personas que no han trabajado, o se han negado a cotizar, acarrearía comportamientos indeseables. Visto así, el sistema parece lógico. Pero ampliemos el zoom para ver qué queda fuera de este sistema, es decir, quiénes son las personas que se ven abocadas a vivir de una pensión no contributiva y qué otros incentivos les han conducido a esa situación.

El 82% de las personas perceptoras de las PNC son mujeres. Se trata, en su gran mayoría, de mujeres que han estado una parte de su vida dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados. Entre las causas de que se hayan encauzado por este camino, que tan funestas consecuencias les acarrea, están la educación, la presión social, la falta de otras alternativas o la no implicación de los hombres en el cuidado, y en todos estos fenómenos inciden las políticas públicas. Pero es que, además, el propio sistema de impuestos y prestaciones es responsable de ello. El IRPF mantiene la opción por la tributación conjunta, que desincentiva el trabajo asalariado de las mujeres casadas. Las crecientes facilidades para la retirada del mercado de trabajo por razón de cuidados, como la prestación prevista en el artículo 18 de la Ley de Dependencia, alejan de su profesión a muchas otras. En definitiva, la inmensa mayoría de las perceptoras de PNC no han llegado a esa situación por haberse negado a trabajar y/o cotizar, sino por haber asumido trabajos de cuidado y domésticos en un sistema de organización social que les aboca a ello.

La aparente lógica del sistema encierra, pues, una contradicción: mientras se incentivan las carreras de contribución ininterrumpidas en general, éstas se desincentivan en particular para el caso de las mujeres en situación de potenciales cuidadoras. Sin embargo, cuando el periodo de cuidados se termina, ni hay prestaciones para ex cuidadoras ni se les garantiza un trabajo ni se les considera como cotizados los periodos de desempleo subsecuentes. La interacción de estos mecanismos con la lógica del sistema de pensiones, y su inecuación Mínimos de PC>PNC, conduce a la paradoja de que, por cuidar a nuestros dependientes, estamos potenciando la existencia futura de personas mayores en situación desamparada.

Es posible salir de este círculo vicioso, y para ello se requieren reformas en tres direcciones. Por un lado, deben eliminarse todos los desincentivos al trabajo asalariado de las mujeres, particularmente la tributación conjunta en el IRPF y todas las prestaciones para el cuidado incompatibles con el trabajo asalariado. En segundo lugar, junto con políticas educativas, deben reconocerse a los hombres los derechos sociales necesarios para que puedan asumir sus tareas de cuidado en pie de igualdad con las mujeres, empezando por un permiso de paternidad intransferible, de la misma duración que el de maternidad y con la misma parte obligatoria. Por último, y no menos importante, es necesario conceder importancia prioritaria a los sistemas públicos de educación infantil y de atención a la dependencia.

Existen evidencias científicas de que estas reformas aumentarían la eficiencia económica y contribuirían a la solución de la crisis de fecundidad, tan importante para la supervivencia del sistema de pensiones, entre otras cosas. Las autoridades nacionales e internacionales así lo reconocen, y países que han emprendido esa vía ocupan hoy los primeros puestos en competitividad económica.

Sin embargo, estas reformas no se producirán a golpe de medidas presionadas por la situación política del momento. Al contrario, exigen una visión a medio plazo y, como en su día los Pactos de Toledo, una colaboración de los agentes sociales. También exigen, de manera singular, la sensibilidad social hacia todas las mujeres que, hoy por hoy, son sacrificadas en aras de una organización social cuya sola razón de existir es el mantenimiento del statu quo patriarcal.

[Fuente: El Pais ]

la política de pensiones

Lo escribe Emilio J. González en Libertad Digital, muy oportuno...

Uno de los principios básicos de la comunicación política o empresarial es dar a conocer un buen dato o una buena noticia para desviar la atención pública sobre una mala. Más o menos es lo que acaba de hacer el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Departamento de Jesús Caldera acaba de decir que la pensión media en España se sitúa en 755 euros, un 5,1% superior a la cifra de hace un año, lo que revela que los pensionistas de nuestro país, poco a poco, van consiguiendo una prestación mejor que les permita vivir de forma más desahogada, por supuesto gracias a la preocupación del Gobierno por ello. Pero este dato aparece justo cuando se estaba hablando de otra cosa, de la ampliación a 20 años del periodo de cómputo de la pensión, lo que implicará una reducción de la misma del 4%.

¿En qué consiste esa ampliación? Se trata de tomar las cotizaciones de los últimos 20 años de vida activa del trabajador, en lugar de los últimos 15 como hasta ahora, para obtener el importe de la pensión a la que tiene derecho una persona en el momento de su jubilación. ¿Por qué se produce esa reducción? Porque cuantos más años hacia atrás vaya el cálculo, menores serán las cotizaciones, por basarse en sueldos más bajos y, por tanto, menor será la pensión resultante. Este es el problema que se trata de ocultar a la opinión pública con la cortina de humo del incremento de la pensión media.

Esta realidad de la que el Gobierno pretende que no se hable es la que revela la verdadera naturaleza de la política de Zapatero acerca de una cuestión tan importante como sensible, en términos económicos y sociales, como es la de las prestaciones de jubilación. Desde hace años se sabe que el actual sistema, por el cual las pensiones de hoy se financian con las cotizaciones sociales de hoy, es inviable en el largo plazo. Los expertos calculan que el superávit de hoy se transformará en déficit de aquí a diez años y que el sistema quebrará hacia 2030. Esto no es nuevo. Desde hace años, la OCDE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo vienen advirtiendo a la UE en general, y a España en particular, de la necesidad de reformar el sistema público de pensiones para evitar este desastre. Pero el Gobierno, lejos de hacerlo, ha seguido una política que, en el futuro, va a ocasionar muchos problemas.

En lugar de contener racionalmente el gasto en pensiones, lo que ha hecho el Ejecutivo ha sido aprobar medidas para subir las pensiones mínimas y las no contributivas que, con el tiempo, harán más difícil encontrar una solución al problema. Y, para compensar este incremento de los pagos del sistema, ahora han acudido a uno de los puntos del Pacto de Toledo, aquel que prevé la ampliación con el tiempo de los años de cómputo de la pensión. ¿Esto qué significa? Pues que las mejoras de unos se van a hacer con cargo a las prestaciones que van a recibir otros.

Para evitar la quiebra del sistema hay dos caminos. Por un lado, se puede actuar reduciendo los pagos y/o aumentando los ingresos. Pero esta vía es socialmente inaceptable. Además, si se opta por incrementar las cotizaciones de cada trabajador o las que realiza la empresa por las personas que tiene en su plantilla, se generará un incremento de los costes laborales que no permitirá a muchas empresas españolas sobrevivir en el competitivo mundo de la globalización. Y sin empresas que paguen salarios, no habrá ingresos para el sistema con que abonar las pensiones.

En consecuencia, lo lógico sería abandonar éste de forma paulatina y pasar a un sistema de capitalización, combinando inicialmente las aportaciones a la Seguridad Social con aportaciones a fondos y planes privados de pensiones e ir reduciendo, con el tiempo, las primeras para dar cada vez más peso a las segundas. Esta es la única forma de salvar el sistema.

El Gobierno, sin embargo, no solo se niega a transitar por esta vía sino que, cuando llegó el momento de abordar la reforma del IRPF, demostró que no quiere planes privados, esto es, aboga por menos libertad para los ciudadanos y más sistema público, o sea, más control por parte del Gobierno. En las discusiones previas a la reforma, el Ejecutivo quiso suprimir o reducir las deducciones por aportaciones a planes privados de pensiones, justo cuando éstas son del todo punto necesarias para evitar la quiebra del sistema y proporcionar a los españoles unos ingresos aceptables en el momento del retiro. Y no solo eso sino que, además, quiso aumentar la tributación de las rentas o el capital proporcionados por dichos fondos y planes de pensiones en el momento de su percepción. O sea, justo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Por supuesto, aquella política más sensata, aunque no perfecta, que empezó a ejecutar el PP respecto a los planes de pensiones de empresa ha caído en el olvido. Así nos va a ir en el futuro.

Esta es la política real del Gobierno de Zapatero en materia de pensiones, una política que hoy pretende vender sobre la base de la subida de la prestación media cuando, en realidad, está alimentando los problemas del futuro y la gravedad de los mismos. Habrá más gastos, se reducirán las pensiones y se ha intentado cerrar la vía a que los ciudadanos puedan beneficiarse de sistemas privados complementarios solo porque escapan al control de un Ejecutivo que hace mucha política, y compra muchos votos, con el poder de aprobar todos los años la subida de las pensiones.