Añadiré al blogroll otras páginas web de despachos de abogados que estén trabajando en este asunto, y en especial, de aquellos que hayan conseguido sentencias favorables a los empleados. Espero sus noticias.
miércoles, octubre 31, 2007
Antonio Alvarez-Ossorio Miller & Co.
Añadiré al blogroll otras páginas web de despachos de abogados que estén trabajando en este asunto, y en especial, de aquellos que hayan conseguido sentencias favorables a los empleados. Espero sus noticias.
La banca se juega 32.000 millones de euros en pensiones ante el Supremo
31-10-2007 - Era un empleado con categoría de técnico de nivel 1. Como cada mañana, acudía a su oficina del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpime) sin el menor conocimiento de lo que se le iba a venir encima. Aquél no iba a ser un día cualquiera. Los casi 30 años de trayectoria en el banco no le valieron de nada a la hora de evitar su despido. Un cese fulminante y penalizado: el fondo de pensiones que había provisionado tanto tiempo se quedó en el banco.
Hasta hoy. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) puede provocar un auténtico golpe de timón en la doctrina sobre la propiedad de los fondos internos de los trabajadores de las empresas financieras y acabar de un plumazo con años de reivindicación por parte de los empleados de banca. El TSJM ha dado la razón a este trabajador en su demanda frente a Bankpime, que ha recurrido ante el Supremo. La ratificación del fallo de la corte de Madrid por parte del alto tribunal podría catapultar la presentación de demandas por importe global de 32.000 millones de euros.
A mediados de los años 90, se produjo la transposición a la regulación española de una directiva de la Unión Europea (UE) que obligaba a todas las empresas a exteriorizar los fondos internos de sus trabajadores. Esto suponía ceder el control de esos capitales a gestoras no pertenecientes a las empresas en todos los casos, salvo en sociedades financieras.
Esta excepción no existe en ningún país de Europa y ha sido motivo de una fuerte polémica durante más de 10 años, al actuar contra la libre movilidad de trabajadores en la UE. Si un empleado se marcha antes de la jubilación de un banco que ha provisionado su fondo de pensiones durante 30 años, se queda sin este dinero.
Fundamentos
La sentencia de junio del TSJM, que obliga a Bankpi-me a abonar al trabajador 127.768 euros, se fundamenta en un fallo del Supremo de enero de 2001 en el que condenaba a La Caixa a abonar 39 millones de euros a trabajadores. Este fallo “no pudo ser aplicado como regla general en el resto de los litigios, ya que se consideró que esta entidad había suscrito un convenio específico que no existía en otros bancos o cajas”, se asegura desde el bufete Álvarez-Ossorio Miller.
La clave de la sentencia es que el convenio de banca no establezca qué ha de hacerse con las dotaciones por pensiones en el caso de que se extinga la relación con la empresa del trabajador. “Es esa falta de previsión lo que lleva al Tribunal Supremo a complementar la regulación de dicha mejora voluntaria [la dotación a pensión privada] con la aplicación de las consecuencias queridas por el legislador para los planes de pensiones”.
El TSJM dice que “si en el acuerdo de dicha mejora voluntaria (en el presente procedimiento a falta de acuerdo interno, el título constitutivo no es más que el Convenio Colectivo de la Banca Privada) se hubiera previsto la efectiva pérdida de derechos sobre las dotaciones en el caso de extinción de la relación laboral antes de causar derecho a la prestación, de acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, no se hubieran podido conservar derechos por parte de los ex empleados”.
El Supremo deberá pronunciarse sobre el recurso a la sentencia del TSJM. El fallo está previsto para dentro de un año. Mientras, el pronunciamiento del tribunal de Madrid ha levantado un aluvión de nuevas reclamaciones. La sentencia se dio a conocer a finales de septiembre y en 15 días Álvarez-Ossorio Abogados recibió 150 clientes nuevos.
El bufete estudia la creación de una plataforma de defensa colectiva de intereses de afectados ante la demanda creciente de servicios. Cuenta con 700 clientes ya. Si el Supremo confirma el fallo del TSJM, habría 180.000 potenciales demandantes. La media de devolución de pensiones se halla entre 120.000 y 180.000 euros. El coste para la banca podría superar los 32.000 millones.
Víctor Relaño. Madrid.
Gaceta de los Negocios, vía COMFIA
Unos mil ex empleados de banca quieren unirse para cobrar sus fondos de pensiones
Fuente: ADN
Cerca de mil ex empleados de la banca quieren constituir una asociación para reclamar de manera conjunta el pago de los fondos de pensiones internos de las entidades en las que trabajaban y que llevan solicitando judicialmente de manera individual desde hace años.
Los afectados, representados por el bufete de abogados Alvarez-Ossorio Miller, ven ahora posibilidades de ganar una disputa judicial que comenzó hace más de diez años, después de que el pasado junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diera la razón a un ex empleado de Bankpyme que solicitaba su fondo, y que también es cliente del despacho.
El portavoz del bufete de abogados, Antonio Alvarez-Ossorio, subrayó en una rueda de prensa la "exclusividad e importancia" de esta sentencia, al ser la primera favorable del TSJM a un empleado de banca sobre su derecho al cobro del fondo y establecer además que es una doctrina general aplicable a todos los trabajadores, no sólo de la banca, si no de cualquier empresa.
De esta forma, la sentencia, sobre la que ahora deberá pronunciarse el Tribunal Supremo, podría beneficiar a unos 180.000 ex empleados de la banca, e incluso a otros trabajadores del ámbito del seguro y de la promoción inmobiliaria.
Alvarez-Ossorio recordó que a principios de los años 90 miles de empleados de bancos y cajas abandonaron su entidad de forma pactada sin cobrar los fondos de pensiones porque eran internos y, desde entonces, han estado reclamado en los tribunales de diferentes comunidades autónomas el pago de entre 120.000 y 180.000 euros de media por persona correspondientes a esos fondos.
Sentencia a favor de ex empleados
Entre estas reclamaciones ante los tribunales, que tuvieron diferentes resultados, destaca la sentencia del 31 de enero de 2001 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que dio la razón a los ex empleados de La Caixa.
La entidad tuvo que desembolsar 39 millones de euros a los trabajadores al reconocer su derecho de rescate de la dotación individual que tenían acreditada en el fondo interno de la caja en el momento de la extinción de su relación laboral.
No obstante, este dictamen no pudo ser aplicado como regla general en el resto de litigios porque se consideró que la entidad había suscrito un convenio específico que no existía en otros bancos o cajas.
Ahora, después de que Bankpyme recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, será de nuevo el Tribunal Supremo el que tenga que pronunciarse sobre el caso y "habrá que ver si se desdice de lo que afirmó sobre La Caixa y en el supuesto de que lo haga, ver cómo lo argumenta", señaló Alvarez-Ossorio, consciente de que el tema "no es fácil ni está ganado", pero "tiene posibilidades de salir adelante".
Mientras esperan la decisión del Tribunal, los afectados representados por Alvarez-Ossorio estudian la posibilidad de crear una asociación para luchar de forma conjunta, programando sesiones por toda España.
miércoles, octubre 10, 2007
La CE propone mejorar y preservar el derecho a una pensión complementaria en la UE
BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea adoptó hoy una proposición de directiva para reducir los obstáculos a la movilidad laboral dentro de la UE mediante la preservación del derecho de los trabajadores a recibir una pensión complementaria y la fijación de las percepciones mínimas a fin de mejorar el acceso de los trabajadores a estas pensiones.
La proposición, que recoge la mayoría de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en junio pasado, pide una mayor claridad para garantizar que los trabajadores en el exterior reciban un trato equitativo en cuanto a retribución de sus pensiones complementarias y apuesta por mejorar el acceso de los empleados a la información útil y oportuna, según informó en un comunicado.
En última instancia, la propuesta persigue que los trabajadores que decidan ejercer un trabajo en el extranjero "no sean castigados". Para el comisario de Empleo del Ejecutivo comunitario, Vladimir Spidla, "el texto modificado subraya la determinación del Parlamento Europeo, de Consejo (de la UE) y de la Comisión a eliminar las trabas a la movilidad laboral de los trabajadores en Europa".
Incidió en que "uno de los mayores desafíos de Europa radica en hallar un buen equilibrio entre la reducción de obstáculos a la movilidad y mantener un entorno estable y viable para desarrollar el régimen de pensión complementaria" y que "permitir a los trabajadores desplazarse libremente por Europa y en los mercados laborales nacionales sin perder los derechos importantes de pensión profesional es un buen ejemplo de 'flexiguridad'", la política impulsada por Bruselas para compaginar seguridad y flexibilidad laboral.
La Comisión reconoció que finalmente desistió de modificar transferencias de los derechos complementarios o regímenes de pensiones "que ya están cerrados a los nuevos miembros" de la UE de la directiva, explicó Spidla, "porque es urgente mejorar los derechos de los trabajadores" y "para no arriesgar un nuevo retraso" en su adopción "al querer alcanzar todos los objetivos a la vez".
Los Estados miembros deberán ratificar la proposición de directiva y posteriormente recibir el segundo visto bueno del Parlamento Europeo. Tal y como recoge el proyecto de ley, la Comisión Europea reexaminará las cuestiones relativas a las transferencias en su primer informe para evaluar los resultados de la directiva adoptada en un plazo de cinco años desde su entrada en vigor.
Fuente: El Confidencialel paripé de la externalización en el Congreso de los Diputados y la Justicia
En Abril de 2006, a petición de Izquierda Unida, se discutió una Proposición No de Ley en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados- han leido bien la Comisión de Economía, no la de Trabajo-, todo un montaje, "un paripé" de los diputados, que no condujo a la externalización de los Compromisos de Pensiones de los bancos con sus trabajadores, y lo dejó a la autonomía de las partes.
Una más de desrregulación. Ellos, los diputados y diputadas tienen asegurada la pensión con 7 años parlamentarios.
Lean a continuación la documentación obtenida de la página web del Congreso y del diario de sesiones. INEFABLE. Vaya manera de hacer política. Si esta es la norma de la actividad parlamentaria y la forma habitual de ocuparse de los asuntos y leyes que afectan al comun de los ciudadanos: apaga y vámonos.
¿para quien trabajan? y ¿a quien representan?. Yo ya lo tengo claro. No me sirven las buenas intenciones.
¿Como es que algunos jueces y magistrados reconocen el derecho de los trabajadores a la movilización y rescate de los fondos internos, y la mayoría parlamentaria -pese a lo que nos propone la Comisión Europea-, no legisla para acabar con la excepción de ley? ¿Conocen los señores diputados la existencia de estos pleitos y de estas sentencias?
DEL DIARIO DE SESIONES 22FEB06
PROPOSICIÓN NO DE LEY: La responsabilidad sindical y el consenso con el que se conducen los fondos nos llevan a pensar que los problemas que en el pasado se podían argumentar hoy ya han desaparecido. Sí subsiste, en cambio, la discriminación en relación con los trabajadores de cualquier otro sector y también dentro de los mismos trabajadores de los sectores afectados. Sí es una realidad que mientras los fondos no estén externalizados un trabajador puede arriesgar su capital acumulado en caso de abandonar la empresa voluntariamente, lo que evidentemente no sucede cuando los fondos son gestionados por las comisiones de control compuestas por empresas y trabajadores. Por todo ello, planteamos esta proposición no de ley que supondría eliminar los preceptos que amparan una excepcionalidad que hoy sencillamente no se justifica. De otra parte, conocemos una enmienda de sustitución que hace el Grupo Socialista. Nosotros aceptaríamos esta enmienda en la medida en que si es posible un proceso de negociación entre las partes no haríamos otra cosa más que invitar a los fondos que todavía no se han externalizado a que lo hagan a través precisamente del método que lo han hecho, y a los que tienen esta realidad, a través precisamente de la negociación, y propondríamos en todo caso un añadido a continuación para aclarar que la intención de nuestra propuesta es acabar con posibles situaciones de discriminación. El texto concreto -que ahora pasaré al grupo proponente de la enmienda y a la Mesa-, que ya digo que sería un añadido, diría: En su caso, avanzar en un proceso que corrija las posibles situaciones de discriminación debidas a las diferentes realidades hoy existentes. Si este añadido es aceptado por el grupo que propone la enmienda, estaríamos de acuerdo y sería una manera de dar salida a esta cuestión.
Señor presidente, nosotros con esta agua al vino, nos parece que lo queda no es vino. Por tanto, vamos a votar que no. Por último, votaremos la proposición no de ley sobre la exteriorización de los compromisos por pensiones en los términos de la enmienda transaccional que ha sido anunciada durante el debate y que, como es muy breve y para que no haya confusión, voy a leer: La Comisión de Economía y Hacienda insta al Gobierno a que invite a las partes afectadas por la potencial exteriorización de los compromisos de pensiones a que se reúnan para estudiar pormenorizadamente las ventajas e inconvenientes que la exteriorización de tales compromisos pudiese generar y, en su caso, avanzar en un proceso que corrija las posibles situaciones de discriminación debidas a las diferentes realidades hoy existentes.
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lunes, octubre 08, 2007
Un juez permite cobrar los fondos internos de los empleados de banca
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cree que los trabajadores de banca tienen derecho a cobrar sus fondos de pensiones, aunque sean internos. La sala ha dado la razón a un ex empleado de Bankpyme que solicitaba su fondo, pero lo más relevante es que afirma que "es doctrina general" y aplicable para el resto de trabajadores de bancos y cajas, unos 180.000, que abandonaron su entidad de forma pactada sin cobrar los fondos porque eran internos. Ahora el Supremo tendrá que pronunciarse.
Se trata una disputa judicial que dura ya más de 10 años. Los problemas empezaron a principios de los noventa, cuando miles de trabajadores de bancos y cajas dejaron sus puestos por las fusiones del sector. No cobraron los fondos de pensiones internos precisamente porque eran "internos y no rescatables". Unos años más tarde comenzaron los juicios en la mayoría de los tribunales superiores de las diferentes comunidades autónomas, con sentencias muy variadas. En 2006 se produjo un hecho clave, cuando el Tribunal Supremo ratificó que no prescribe el derecho de los ex empleados de La Caixa a rescatar y disponer del fondo interno de pensiones, aunque hayan abandonado voluntariamente la entidad o hayan sido despedidos. La entidad abonó 39 millones de euros a sus ex empleados.
Esta sentencia no se ha aplicado de forma general porque se entendía que los empleados de La Caixa tenían un convenio específico que no existe en otras entidades. Ahora hay una bolsa de unos 180.000 ex empleados de banca que se prejubilaron y reclaman cientos de millones de euros en fondos internos, según Antonio Álvarez-Ossorio, del despacho Álvarez-Ossorio Miller & Co., que ha llevado una buena parte de estos casos.
El pasado junio llegó otra sentencia clave: el TSJM falló a favor de un ex empleado de Bankpyme, expresando de forma literal que la doctrina del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001 (la sentencia de La Caixa) es general y por tanto de aplicación directa para el resto de empresas. Es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a un ex empleado de banca en relación con una reclamación de fondo interno de pensiones. En la sentencia se condena a Bankpyme (Banca de la Pequeña y Mediana Empresa) y se permite al demandante el rescate de su fondo. El fallo se dio a conocer en septiembre.
Lo relevante del pronunciamiento es que, si Bankpyme lo recurre, será el Tribunal Supremo el que tenga que dictar sentencia y así será aplicable para todos los ex empleados, sin excepción, comenta Antonio Álvarez-Ossorio.
El tribunal argumenta que fue la empresa la que tuvo que pagar una indemnización al empleado. "El responsable de la situación no es el empleado, sino la otra parte, por lo que no puede derivarse de ello ningún perjuicio añadido como sería el verse privado, además del trabajo y de la retribución salarial, de las prestaciones complementarias pluriconsensuadas". También dice que "las mejoras voluntarias de la Seguridad Social son voluntarias en su creación, pero que una vez establecidas, no pueden suprimirse".
El articulo habla de los prejubilados, pero hay que incorporar a la bolsa de afectados a los que dejaron la empresa de forma voluntaria [MÁS O MENOS VOLUNTARIA] y a los que fueron despedidos de forma improcedente.
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sábado, octubre 06, 2007
la aplastante lógica del sistema de pensiones
Según los planes del Gobierno respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 2008, las pensiones mínimas subirán por encima de la inflación y de las pensiones medias, para asegurar una vida digna a nuestros mayores que sufren más estrecheces. Sin embargo, parece que el umbral de vida digna no es único: los mínimos de las pensiones contributivas (PC) subirán entre un 6,5% y un 5%, mientras que las pensiones no contributivas (PNC) subirán un 3%. Y el año pasado sucedió exactamente lo mismo. A primera vista cuesta imaginar por qué ha de acrecentarse la distancia, respecto a las demás personas mayores, de las 269.546 personas beneficiarias de PNC de jubilación que viven actualmente con un máximo de 312,43 euros mensuales, cantidad incompatible con todo tipo de rentas.
Difícil es pensar en un argumento de restricción presupuestaria, ya que aplicar una subida de un 6,5% a todas las PNC solamente supondría un importe adicional de 5 millones de euros. Resulta también llamativa la aquiescencia de los sindicatos y el silencio de la oposición.
¿Qué tienen estas personas para que sus necesidades resulten tan invisibles? Muy sencillo: que no han llegado a los 15 años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva. En el acuerdo conocido como Pacto de Toledo se conviene en potenciar el principio de contributividad, para lo cual se establece explícitamente que las cuantías mínimas de las PC deben ser superiores a las PNC. También se prevé el aumento progresivo del periodo de cotización necesario para acceder a las contributivas; y unas reglas de cálculo de los importes que penalizan cada vez más a las carreras profesionales incompletas. Se intenta, pues, incentivar la continuidad de cotizaciones durante toda la vida hasta la edad de jubilación. En este sentido, conceder los mismos derechos a las personas que no han trabajado, o se han negado a cotizar, acarrearía comportamientos indeseables. Visto así, el sistema parece lógico. Pero ampliemos el zoom para ver qué queda fuera de este sistema, es decir, quiénes son las personas que se ven abocadas a vivir de una pensión no contributiva y qué otros incentivos les han conducido a esa situación.
El 82% de las personas perceptoras de las PNC son mujeres. Se trata, en su gran mayoría, de mujeres que han estado una parte de su vida dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados. Entre las causas de que se hayan encauzado por este camino, que tan funestas consecuencias les acarrea, están la educación, la presión social, la falta de otras alternativas o la no implicación de los hombres en el cuidado, y en todos estos fenómenos inciden las políticas públicas. Pero es que, además, el propio sistema de impuestos y prestaciones es responsable de ello. El IRPF mantiene la opción por la tributación conjunta, que desincentiva el trabajo asalariado de las mujeres casadas. Las crecientes facilidades para la retirada del mercado de trabajo por razón de cuidados, como la prestación prevista en el artículo 18 de la Ley de Dependencia, alejan de su profesión a muchas otras. En definitiva, la inmensa mayoría de las perceptoras de PNC no han llegado a esa situación por haberse negado a trabajar y/o cotizar, sino por haber asumido trabajos de cuidado y domésticos en un sistema de organización social que les aboca a ello.
La aparente lógica del sistema encierra, pues, una contradicción: mientras se incentivan las carreras de contribución ininterrumpidas en general, éstas se desincentivan en particular para el caso de las mujeres en situación de potenciales cuidadoras. Sin embargo, cuando el periodo de cuidados se termina, ni hay prestaciones para ex cuidadoras ni se les garantiza un trabajo ni se les considera como cotizados los periodos de desempleo subsecuentes. La interacción de estos mecanismos con la lógica del sistema de pensiones, y su inecuación Mínimos de PC>PNC, conduce a la paradoja de que, por cuidar a nuestros dependientes, estamos potenciando la existencia futura de personas mayores en situación desamparada.
Es posible salir de este círculo vicioso, y para ello se requieren reformas en tres direcciones. Por un lado, deben eliminarse todos los desincentivos al trabajo asalariado de las mujeres, particularmente la tributación conjunta en el IRPF y todas las prestaciones para el cuidado incompatibles con el trabajo asalariado. En segundo lugar, junto con políticas educativas, deben reconocerse a los hombres los derechos sociales necesarios para que puedan asumir sus tareas de cuidado en pie de igualdad con las mujeres, empezando por un permiso de paternidad intransferible, de la misma duración que el de maternidad y con la misma parte obligatoria. Por último, y no menos importante, es necesario conceder importancia prioritaria a los sistemas públicos de educación infantil y de atención a la dependencia.
Existen evidencias científicas de que estas reformas aumentarían la eficiencia económica y contribuirían a la solución de la crisis de fecundidad, tan importante para la supervivencia del sistema de pensiones, entre otras cosas. Las autoridades nacionales e internacionales así lo reconocen, y países que han emprendido esa vía ocupan hoy los primeros puestos en competitividad económica.
Sin embargo, estas reformas no se producirán a golpe de medidas presionadas por la situación política del momento. Al contrario, exigen una visión a medio plazo y, como en su día los Pactos de Toledo, una colaboración de los agentes sociales. También exigen, de manera singular, la sensibilidad social hacia todas las mujeres que, hoy por hoy, son sacrificadas en aras de una organización social cuya sola razón de existir es el mantenimiento del statu quo patriarcal.
[Fuente: El Pais ]
miércoles, septiembre 19, 2007
la no dominación

"¿Cuándo puedes decir que disfrutas de libertad entendida como no-dominación con respecto a los demás? ¿Cuándo puedes decir que eres igual a los demás,un ciudadano entre otros ciudadanos?
Muy sencillo: cuando los recursos cívicos de que dispones como ciudadano hacen que la interferencia de los demás resulte demasiado difícil o demasiado costosa. Los demás no pueden hacerte daño ni ponerse en tu camino. No pueden amenazarte realmente. Ni siquiera pueden condicionarte.
O al menos no pueden hacer nada de eso sin correr graves riesgos. Imaginad que yo quiero correr ese riesgo, que quisiera cometer un crimen contra uno de vosotros. Mas en ese caso me expondré a la condena de mi comunidad ? en la hipótesis del crimen podría incluso ser juzgado y castigado? y dicha condena servirá para defender y restablecer tu posición. Será la posición de alguien cuya libertad de elegir sin opresión alguna constituye un espacio protegido e inviolable.
Cuando cuentas con tales recursos cívicos de protección y defensa, entonces también te respetarán. Podrás caminar con la cabeza bien alta entre nosotros, tus conciudadanos, consciente de tu posición, consciente de que somos conscientes de tu posición, y consciente de que cada uno de nosotros es consciente de esa conciencia común. Podrás mirarnos a la cara. Es posible que no seas tan rico como otros, que no tengas tan buenos contactos, que no seas tan conocido o influyente. Pero como ciudadano igual a los demás —como miembro de la comunidad ciudadana— tendrás todo lo necesario para salvaguardar tu posición. No estarás desamparado frente a la pobreza o la ignorancia o la inseguridad, que te dejarían desprotegido. Y se te protegerá frente al poder superior de los demás, e incluso frente al poder superior de los gobernantes, gracias a un marco jurídico eficaz y al espíritu de una cultura propicia.
Que nos dominen no es el único mal en la vida.
También hay el miedo, el hambre, la marginación, un pozo sin fondo de desgracias. ¿Por qué, entonces, la tradición trata sobre todo de evitar que nos dominen? ¿Por qué hace que el objetivo principal de la acción política sea la libertad entendida como no-dominación?
Existen dos explicaciones. En primer lugar, la no-dominación es un valor que todas las tendencias políticas pueden reconocer como un objetivo adecuado de la acción política; equivale a la libertad en un sentido en el que ha sido aclamada a lo largo de la mayor parte de la historia europea. En segundo lugar, este valor universalmente reconocido tiene la cualidad especial de que preservándolo también se garantizan otros valores. Proteged a los ciudadanos de la opresión y también tendréis que protegerles de la pobreza, la ignorancia y la inseguridad,de la violencia, el engaño y la manipulación, y de las múltiples formas de abuso que el propio gobierno puede ejercer sobre sus ciudadanos.
Las diversas consecuencias de la libertad concebida como no-dominación la distinguen de la idea contrapuesta y liberal en un sentido más tradicional de la libertad como no-interferencia. Para disfrutar de la no-dominación hace falta disponer de los medios necesarios para estar fuera del alcance del control de los demás, incluso del control sutil que no implica una interferencia activa: por ejemplo, el control imperceptible de los que se hayan en una posición cultural o económica privilegiada.
Y en el único caso en el que se permite interferir cuando el gobierno puede interferir mediante impuestos, leyes o castigos, tal interferencia tendrá que estar bajo nuestro control y bajo el control de nuestros conciudadanos;tendrá que concretarse en términos que cada uno de nosotros acepte.
El ideal de la no-dominación tiene dos consecuencias por lo que se refiere a cómo debe actuar un Estado en los asuntos internos. En primer lugar, el Estado debe reducir el potencial opresor de los poderes privados, adoptando políticas que apoyen y refuercen la posición de la gente en cuanto ciudadanos: su capacidad para ir con la cabeza bien alta, mirando a la cara a los demás.
En segundo lugar, el Estado debe estar bien organizado y tener límites debe organizarse y limitarse a sí mismo de modo que su poder público no represente una fuerza dominante en la vida de los mismos ciudadanos a los que debe servir. La república debe ser un guardián no dominante frente a los poderes dominantes.
Paso ahora a analizar brevemente la actuación interna del Presidente Zapatero y de su gobierno en los últimos tres años. En primer lugar me ocuparé de las medidas que ha adoptado para proteger a los ciudadanos frente a los efectos del poder privado, y a continuación me fijaré en las iniciativas adoptadas frente a la dominación pública debida al propio Estado. Como ya he dicho, no examinaré las políticas que ha promovido con respecto al poder internacional.
En segundo lugar, deberá reforzar la posición de los más débiles, estableciendo un sistema de seguridad social y un marco equitativo para regular aquellas relaciones potencialmente opresoras como las que se dan en el trabajo o en la familia. En tercer lugar, el gobierno deberá proteger a todos los particulares frente a aquellos que recurren al crimen y a la corrupción, o incluso a las estrategias del terror, para salirse con la suya. Y en cuarto lugar, puede que tenga que adoptar medidas para limitar a aquellos individuos y grupos que detenten un poder relativamente importante. Analizaré la actuación del gobierno en cada uno de estos capítulos...
Del informe laudatorio del filósofo Philip Pettit sobre la gestión del presidente del Gobierno.
Y dos citas recogidas del libro de Carlos Castilla del Pino "El delirio, un error necesario":
de Eugene O'Neill: "el ser humano no puede vivir en plena posesión de la verdad completa de su situación vital... Todo mortal necesita defenderse mediante ficciones"
de Lewis Carroll: Humpty Dumpty el personaje de A través del espejo advirtió a Alicia sobre el significado de una palabra "cuando yo uso una palabra significa exactamente lo que yo decido que signifique. El asunto es quién manda aquí. Eso es todo"
Vía malvasíaBlog
sábado, febrero 24, 2007
la política de pensiones
¿En qué consiste esa ampliación? Se trata de tomar las cotizaciones de los últimos 20 años de vida activa del trabajador, en lugar de los últimos 15 como hasta ahora, para obtener el importe de la pensión a la que tiene derecho una persona en el momento de su jubilación. ¿Por qué se produce esa reducción? Porque cuantos más años hacia atrás vaya el cálculo, menores serán las cotizaciones, por basarse en sueldos más bajos y, por tanto, menor será la pensión resultante. Este es el problema que se trata de ocultar a la opinión pública con la cortina de humo del incremento de la pensión media.
Esta realidad de la que el Gobierno pretende que no se hable es la que revela la verdadera naturaleza de la política de Zapatero acerca de una cuestión tan importante como sensible, en términos económicos y sociales, como es la de las prestaciones de jubilación. Desde hace años se sabe que el actual sistema, por el cual las pensiones de hoy se financian con las cotizaciones sociales de hoy, es inviable en el largo plazo. Los expertos calculan que el superávit de hoy se transformará en déficit de aquí a diez años y que el sistema quebrará hacia 2030. Esto no es nuevo. Desde hace años, la OCDE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo vienen advirtiendo a la UE en general, y a España en particular, de la necesidad de reformar el sistema público de pensiones para evitar este desastre. Pero el Gobierno, lejos de hacerlo, ha seguido una política que, en el futuro, va a ocasionar muchos problemas.
En lugar de contener racionalmente el gasto en pensiones, lo que ha hecho el Ejecutivo ha sido aprobar medidas para subir las pensiones mínimas y las no contributivas que, con el tiempo, harán más difícil encontrar una solución al problema. Y, para compensar este incremento de los pagos del sistema, ahora han acudido a uno de los puntos del Pacto de Toledo, aquel que prevé la ampliación con el tiempo de los años de cómputo de la pensión. ¿Esto qué significa? Pues que las mejoras de unos se van a hacer con cargo a las prestaciones que van a recibir otros.
Para evitar la quiebra del sistema hay dos caminos. Por un lado, se puede actuar reduciendo los pagos y/o aumentando los ingresos. Pero esta vía es socialmente inaceptable. Además, si se opta por incrementar las cotizaciones de cada trabajador o las que realiza la empresa por las personas que tiene en su plantilla, se generará un incremento de los costes laborales que no permitirá a muchas empresas españolas sobrevivir en el competitivo mundo de la globalización. Y sin empresas que paguen salarios, no habrá ingresos para el sistema con que abonar las pensiones.
En consecuencia, lo lógico sería abandonar éste de forma paulatina y pasar a un sistema de capitalización, combinando inicialmente las aportaciones a la Seguridad Social con aportaciones a fondos y planes privados de pensiones e ir reduciendo, con el tiempo, las primeras para dar cada vez más peso a las segundas. Esta es la única forma de salvar el sistema.
El Gobierno, sin embargo, no solo se niega a transitar por esta vía sino que, cuando llegó el momento de abordar la reforma del IRPF, demostró que no quiere planes privados, esto es, aboga por menos libertad para los ciudadanos y más sistema público, o sea, más control por parte del Gobierno. En las discusiones previas a la reforma, el Ejecutivo quiso suprimir o reducir las deducciones por aportaciones a planes privados de pensiones, justo cuando éstas son del todo punto necesarias para evitar la quiebra del sistema y proporcionar a los españoles unos ingresos aceptables en el momento del retiro. Y no solo eso sino que, además, quiso aumentar la tributación de las rentas o el capital proporcionados por dichos fondos y planes de pensiones en el momento de su percepción. O sea, justo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Por supuesto, aquella política más sensata, aunque no perfecta, que empezó a ejecutar el PP respecto a los planes de pensiones de empresa ha caído en el olvido. Así nos va a ir en el futuro.
Esta es la política real del Gobierno de Zapatero en materia de pensiones, una política que hoy pretende vender sobre la base de la subida de la prestación media cuando, en realidad, está alimentando los problemas del futuro y la gravedad de los mismos. Habrá más gastos, se reducirán las pensiones y se ha intentado cerrar la vía a que los ciudadanos puedan beneficiarse de sistemas privados complementarios solo porque escapan al control de un Ejecutivo que hace mucha política, y compra muchos votos, con el poder de aprobar todos los años la subida de las pensiones.
miércoles, febrero 14, 2007
la pensión de un presidente de banco
BBVA: La jubilación de FG ya supera los 53 millones de euros
El rey de las prejubilaciones cobró un salario de 4,48 millones de euros, más un bono de 5,2 millones
Todos saben cuál es la ilusión de Francisco González, presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA): que en el BBVA no trabaje nadie con más de 50 años, quizás con la excepción de él mismo, que está en los 62 y se siente joven.
En 2006, el BBVA prejubiló a 1.850 trabajadores, con aportaciones que el primer año se sitúan ligeramente por encima del 80% del salario, y hasta los 65 años , es decir, que se devalúan durante 13, 14 o 15 ejercicios. Quizás pensando en esa devaluación, FG ha decidido concederse una pensión, que recibirá en un solo pago tanto si se marcha del banco como si le echan. Pues bien, a 31 de diciembre de 2006, esa jubilación, a la que hay que sumar las de la Seguridad Social por los años cotizados –sin duda un factor importante- se eleva a 53,1 millones de euros, según la memoria de Gobierno Corporativo de la entidad, resumida por Europa Press. El fondo ha pegado un buen estirón, seguramente gracias a las normas de buen gobierno y la responsabilidad social corporativa, dado que a finales de 2005, un año ates, la jubilación que el banco se comprometía a pagar con FG estaba en los 38 millones de euros.
Con ello, ya ha superado al presidente del Central Hispano, José María Amusátegui, que se fue con una indemnización de 44 millones de euros y a este ritmo pronto alcanzará la pensión de jubilación de Ángel Corcóstegui, 110 millones de euros.
Para que se hagan una idea, cuando la CEO de Hewlett Packard (HP), Carla Fiorino, abandonó la segunda multinacional de informática del mundo y una de las empresas más capitalizadas de Wall Street, el Consejo de Administración decidió mandarla a su casa con 21 millones de dólares.
De sueldo, en 2006 FG sólo ha percibido 4,48 millones de euros, además de otros 5,2 millones por bonus. Es decir, 9,7 millones de euros. Por cierto, la pensión del consejero delegado José Ignacio Goirigolzarri ya está en 44 millones de euros con un sueldo 3,6 millones de euros. No es de extrañar que Goiri sólo haya mostrado reticencias a la hora de defender a sus antiguos colegas del BBV.
Por cierto, los códigos de buen Gobierno sólo hablan de las retribuciones de los consejeros, pero no del so ejecutivos. Desde que se libró de Emilio Ybarra, el presidente del BBVA no ha dejado de elevar el salario de sus fieles. Todos darán su vida por él.